La compraventa de inmuebles siempre ha sido tradicionalmente una de las opciones más extendidas a la hora de blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Es por esto que desde hace tiempo el SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) realiza un estrecho seguimiento de la actividad inmobiliaria, con lo que conviene aclarar el papel que juegan las entidades inmobiliarias en la prevención del blanqueo de capitales.

Especialmente en el caso de la pequeña y mediana inmobiliaria, es habitual encontrarse con operaciones en las que ésta ejerce un papel limitado a la mera intermediación, es decir, el dinero que reciben es el fijado por una comisión, no el que corresponde al precio del inmueble. Pues bien, independientemente del rol que juegue en la operación – en términos de comisión- la normativa recoge la obligación de conocer e identificar formalmente tanto al cliente, como el origen de los fondos con que se llevan a cabo los pagos. Esta obligación viene recogida en el artículo 17 de la Ley 10/2010 del 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y establece que “los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales”.

No obstante, cabe destacar que las inmobiliarias con menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual, o balance general anual, no supere los 2 millones de euros, quedan exentas de:

  • Documentar el análisis previo del riesgo de su negocio.
  • Contar con un manual de prevención del blanqueo de capitales.
  • Constituir un órgano de control interno.
  • Realizar un examen por experto externo que valide la adecuación de las medidas implementadas para prevenir el blanqueo de capitales.
  • Establecer un plan anual de formación para los empleados.

 

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Sin embargo, están obligadas a nombrar un representante ante el SEPBLAC, responsable de recibir la formación adecuada en materia de prevención del blanqueo de capitales. Además este representante identificará formalmente a los posibles clientes, para proceder a un análisis de la operación en caso de detectar indicio o sospecha de constituir al blanqueo de capitales, ya sea por las propias personas, por las entidades a las que representan o por las particularidades o anomalías observadas en la operativa de negocio.

Para facilitar esta labor, la administración, establece algunos factores de riesgo en función de:

  • Los intervinientes en la compraventa.
  • Los medios de pago utilizados.
  • Las características de la operación.

Así, por ejemplo, habrá ciertos aspectos que deben hacer saltar las alarmas: clientes con residencia en un paraíso fiscal, personas con responsabilidad pública, la intervención de menores de edad, la utilización de sociedades recién constituidas o sin actividad, o cuando se muestre interés en realizar varias operaciones simultáneamente por la misma persona. Del mismo modo, si se percibe un cierto desinterés en el precio o las características del inmueble – así como cierta prisa en cerrar la venta- se deberá extremar la precaución.

Para terminar, es muy aconsejable evitar las entregas de dinero en efectivo y realizar las transacciones de a través de un banco nacional. Sospechar de fraccionamientos de pago en cortos periodos de tiempo, o aquellas otras operaciones en las que existen dudas acerca de la veracidad de los documentos aportados para la obtención de préstamos.

Extremar la precaución y, llegado el caso, rechazar una posible operación puede ahorrarnos problemas a largo plazo.

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